En Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela, N° 6.668 de fecha 16 de diciembre de 2021, fue publicada la reforma de la Ley de Registros y Notarías, la cual, establece los varemos aplicables a los nuevos aranceles de registro y protocolización de documentos contentivos de negocios y actos jurídicos en Venezuela.
En efecto, el nuevo instrumento legal, determina que los costos de los aranceles por conceptos de autenticación, registro o protocolización de documentos, quedan anclados al valor del Petro y ordena al ejecutivo fijar mediante providencia administrativa y dentro de los varemos estipulados en la Ley, el costo de cada acto específico.
En este sentido, fue publicada en Gaceta Oficial N° 42.301, con fecha 20 de enero de 2022, la Providencia Administrativa N° 1, mediante la cual, se determinan los aranceles de los diferentes tipos de documentos, lo que encendió las alarmas del gremio de los profesionales del derecho, al advertir que los nuevos aranceles, podrían traer como consecuencia, una especie de “informalización del derecho” en Venezuela.
A fin de exponerlo en perspectiva, algunos abogados en ejercicio, han dado como ejemplo, expresiones como: “Ahora sale más barato constituir una compañía en EEUU que en Venezuela”, o, “La constitución de una Asociación Civil sin fines, con un documento de 6 folios, podría llegar a costar hasta mil dólares”, o, “los costos de registro de actas de asamblea se incrementarán enormemente para las empresas, como consecuencia, aumentará el precio de sus productos y servicios”, lo que podría, no sólo ocasionar una informalización del derecho, sino además, dificultar el ejercicio de la profesión para los abogados del país y encarecer los gastos familiares del común de las personas.
En este sentido, algunos Colegios de Abogados del país, profesionales del derecho, y ciudadanos en general, manifestaron su desacuerdo con la reforma de la Ley de Registros y Notarías, alegando que las nuevas medidas son “un golpe para el bolsillo”, ya que el Petro a la fecha de publicación de este boletín informativo, cotiza a Bs. 261,25 o USD 56,58 por Petro.
Ante esta circunstancia, podría optarse por la celebración de documentos por vía privada, lo que podría traer inseguridad para las partes, debido a que, aunque los documentos privados tienen validez jurídica, los requerimientos de autenticación o protocolo de registro, son necesarios para hacer valer ante terceras personas, los negocios y actos jurídicos contenidos en estos documentos. Asimismo, cualquiera de las partes, podría desconocer su firma en un documento, siendo necesario que el agraviado, deba iniciar un procedimiento judicial, a fin de solicitar el reconocimiento del documento, e incluso, solicitar las experticias requeridas para verificar la autenticidad de las firma y huellas dactilares, generando gastos, retardos y molestias.
Similares efectos desafortunados podrían experimentar las Notarías del país, pues a la fecha, producto de la economía hiperinflacionaria y de contracción, ha disminuido la cantidad de documentos a protocolizar o autenticar, incluso, algunas Notarías han sido suprimidas o fusionadas entre sí. Ahora, con estos nuevos aranceles, estos efectos podrían multiplicarse.
En otro sentido, sería menester de los profesionales del derecho, especialistas en materia registral, así como, del gremio de los Colegio de Abogados y su federación, revisar de forma exhaustiva la referida reforma de la ley en comento, a efectos de solicitar su nulidad, ya que, a primera vista, resaltan aparentes vicios de inconstitucionalidad, como, por ejemplo, la falta de consultas a los colegios, gremios y universidades a pesar de que afecta aspectos económicos importantes.
Para descargar la nueva Ley de registros y Notarías haga clic aquí
Fuente de Data:
Gaceta Oficial de la República de Venezuela.
Finanzas Digital
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